Hace algún tiempo iba por la avenida México, en el distrito de La Victoria, con unos amigos españoles cuando uno de ellos se quedó mirando a un hombre que, parado en una esquina, ofrecía un espejo de automóvil.

—¿Qué está vendiendo? —me preguntó.

Le expliqué, casi con la naturalidad con la que uno comenta dónde queda una farmacia, que en algunas zonas de Lima se comercializan autopartes de procedencia dudosa y que muchas veces esos productos terminan allí después de haber sido robados.

Su reacción fue inmediata:

—¿Y cómo permiten eso?

La pregunta me incomodó porque, en el fondo, tenía razón. ¿Cómo lo permitimos? ¿Cómo hemos llegado al punto de considerar casi normal que a una persona le roben el espejo de su carro y que luego pueda ir a determinada zona de Lima a buscar uno parecido? ¿Cómo hemos terminado aceptando que existan mercados donde se consiguen celulares, autopartes y otros bienes cuya procedencia muchas veces no puede acreditarse con claridad?

Nos hemos acostumbrado. Y ese quizá sea parte del problema.

No estamos hablando de una modalidad criminal desconocida ni de una sofisticada organización que el Estado recién está tratando de descubrir. Sabemos que existen lugares que durante años han sido intervenidos por la Policía y el Ministerio Público por la presencia de celulares, autopartes y otros bienes robados o de dudosa procedencia.

Las Malvinas, San Jacinto, La 50 y otras zonas aparecen periódicamente en las noticias. Llega la Policía. Llegan los fiscales. Aparecen las cámaras. Nos muestran cientos de celulares sobre una mesa, montañas de autopartes, cajas con productos incautados y autoridades anunciando un “megaoperativo”.

Y uno piensa: finalmente están haciendo algo.

Pero luego viene la pregunta realmente importante:

¿Qué pasó al día siguiente?

La respuesta, lamentablemente, parece ser sencilla:

prácticamente nada.

Los locales volvieron a abrir. La actividad comercial continuó. Los clientes regresaron. Los productos volvieron a circular. Y, para el ciudadano común, todo siguió funcionando casi como si el operativo del día anterior no hubiera ocurrido.

Ese es precisamente el problema.

Durante unas horas vemos policías, fiscales, funcionarios y cámaras de televisión. Se muestran celulares, autopartes y otros productos incautados. Se anuncian detenciones e intervenciones. Pero al día siguiente cuesta identificar qué cambió realmente.

No vemos con la misma claridad establecimientos cerrados de manera efectiva cuando corresponde. No vemos información suficiente sobre cuántas personas permanecieron detenidas o continuaron siendo investigadas. No sabemos si se identificó a los proveedores, si se siguió el dinero, si SUNAT realizó acciones posteriores o si la municipalidad volvió a fiscalizar. Y, sobre todo, el ciudadano vuelve a pasar por la misma zona y observa que la actividad continúa.

Entonces debemos preguntarnos para qué sirve un gran operativo si su efecto dura solamente unas horas.

La incautación es importante. La detención inicial también. Pero ninguna de las dos basta si después no existe continuidad.

El éxito no debería medirse por cuánta mercadería se muestra ante las cámaras, sino por algo mucho más concreto:

cuántos responsables fueron realmente procesados, cuántos establecimientos dejaron de operar cuando correspondía y cuántas cadenas de comercialización ilegal fueron desarticuladas.

Porque si al día siguiente todo sigue prácticamente igual, entonces el operativo pudo haber generado una buena noticia, pero no resolvió el problema.

Operativo → incautación → noticia → al día siguiente todo continúa igual → nuevo operativo.

Ese es el círculo que debemos romper.

No estamos hablando de lugares desconocidos

Las propias autoridades llevan años interviniendo determinadas zonas comerciales de Lima.

En Las Malvinas, por ejemplo, en julio de 2023 la Policía intervino 87 puestos e incautó 2,053 celulares reportados como robados o de dudosa procedencia. En enero de 2024 hubo otra intervención en la misma zona y se incautaron 923 celulares de dudosa procedencia en más de 40 puestos.

No se trata únicamente de Las Malvinas. También se han realizado operativos en zonas como jirón Paruro, El Hueco, La Cachina, Polvos Azules, el Mercado Central de Independencia y el Mercado de Ceres, entre otras.

Con las autopartes ocurre algo parecido. En San Jacinto, en La Victoria, un operativo permitió incautar decenas de toneladas de piezas y accesorios provenientes de vehículos robados. En La 50 también se han realizado intervenciones por autopartes cuya procedencia no pudo ser acreditada.

Esto no significa que todos los comerciantes de estas zonas vendan productos robados. Hay comerciantes formales que trabajan legalmente y deben ser protegidos.

Pero las reiteradas intervenciones demuestran algo evidente:

el Estado conoce el problema desde hace años.

Un problema que, lejos de desaparecer, se extendió

Hace décadas, cuando en Lima se hablaba de lugares donde podían encontrarse objetos usados o de dudosa procedencia, Tacora era uno de los referentes más conocidos. Lo que debería haber ocurrido con el paso de los años era que este tipo de mercados se redujera progresivamente hasta convertirse en un fenómeno marginal.

Sin embargo, ocurrió algo que merece reflexión. Con los años aparecieron o se consolidaron otros puntos conocidos por las propias autoridades: San Jacinto, Las Malvinas y numerosas cachinas y zonas comerciales distribuidas en distintos distritos de Lima. El problema dejó de estar asociado a unos pocos lugares y terminó extendiéndose por diferentes zonas de la ciudad.

Con el tiempo, además, el problema dejó de limitarse a determinados bienes. En distintos circuitos ilegales pueden comercializarse celulares, autopartes y otros productos de procedencia ilícita, e incluso bienes cuya circulación ilegal representa un riesgo todavía mayor para la seguridad ciudadana, como las armas. Esto demuestra que no estamos únicamente frente a un problema de comercio informal, sino ante mercados ilegales que pueden alimentar otras formas de criminalidad.

Esto resulta especialmente preocupante porque no estamos hablando de mercados que el Estado desconoce. Muchos han sido intervenidos una y otra vez. Después de tantos años de operativos, fiscalizaciones e incautaciones, el resultado debería haber sido exactamente el contrario: menos lugares donde colocar un bien robado, menos compradores, menos intermediarios y un mercado ilegal reducido a su mínima expresión.

Sin embargo, seguimos hablando de muchos de los mismos lugares y, además, de otros puntos que con el tiempo se han convertido también en zonas de comercialización de productos cuya procedencia no siempre puede acreditarse.

Ese es quizá uno de los mayores fracasos de la estrategia. En lugar de hacer cada vez más difícil convertir un bien robado en dinero, hemos permitido que sobrevivan y se multipliquen los espacios donde esa conversión puede realizarse.

Un mercado que permite convertir bienes provenientes del delito en dinero no solo incentiva nuevos robos. Cuando esos circuitos ilegales alcanzan también a bienes peligrosos, el problema pasa a tener consecuencias aún mayores para la seguridad de todos.

La pregunta, entonces, resulta inevitable:

¿cómo puede considerarse exitosa una estrategia si, después de tantos años, seguimos interviniendo los mismos lugares por problemas semejantes y aparecen nuevos puntos de comercialización?

El objetivo del Estado no debería ser acostumbrarnos a realizar cada vez más operativos. Debería ser exactamente el contrario: que cada año existan menos mercados de este tipo hasta reducirlos a su mínima expresión.

Cuatro mil celulares robados al día no son una anécdota

Según OSIPTEL, durante 2025 se reportaron más de 1.4 millones de celulares robados en el país, un promedio de más de cuatro mil por día.

Cuatro mil celulares por día. Eso no es una anécdota. Eso es un mercado.

Y si existe un mercado, existe una cadena. Alguien roba. Alguien compra. Alguien almacena. Alguien modifica. Alguien revende. Y alguien gana dinero.

Mientras esa cadena siga funcionando, seguirá existiendo un incentivo para robar.

Por eso creo que nos equivocamos cuando pensamos que combatir el robo consiste solamente en capturar al que arrebata un celular o rompe el espejo de un carro.

El robo no termina en la calle. El robo termina cuando el producto se convierte en dinero.

Y ahí es donde el Estado tiene que actuar.

El delito trabaja coordinado; el Estado, muchas veces, no

La Policía puede intervenir. El Ministerio Público puede investigar. La SUNAT puede fiscalizar documentación y obligaciones tributarias. Las municipalidades pueden revisar licencias y condiciones de funcionamiento.

Todos tienen competencias. El problema es que muchas veces cada uno actúa por su cuenta.

Y el delincuente no trabaja así.

El que roba sabe a quién entregar. El que compra sabe dónde guardar. El que vende sabe dónde colocar. El dinero sigue circulando.

El delito trabaja en equipo. El Estado, demasiadas veces, no.

Ese es uno de los grandes problemas.

De nada sirve que una institución haga un operativo espectacular si las demás no continúan el trabajo. Si la Policía incauta, la Fiscalía debe continuar. Si hay un local comprometido, la municipalidad debe fiscalizar. Si existen movimientos comerciales dudosos, SUNAT debe revisar. Si hay reincidencia, tiene que existir seguimiento.

No puede ser que todo termine cuando se apagan las cámaras.

El operativo también debe terminar en consecuencias reales

La intervención policial y la incautación de bienes son apenas el comienzo. Después debe continuar la investigación del Ministerio Público, identificarse a quienes abastecen, almacenan y comercializan bienes de procedencia ilícita y, cuando existan elementos suficientes, los casos deben llegar al Poder Judicial.

Y ahí también necesitamos resultados. No basta con mostrar cientos de celulares o toneladas de autopartes incautadas si después el ciudadano no sabe cuántas personas fueron procesadas, cuántas fueron condenadas y qué ocurrió finalmente con quienes participaban de esas cadenas de comercialización.

El Poder Judicial debe resolver estos casos con celeridad, respetando el debido proceso, y aplicar oportunamente las sanciones que correspondan a quienes sean encontrados responsables. Una justicia que llega demasiado tarde pierde capacidad preventiva y genera en la ciudadanía la percepción de que las consecuencias nunca llegan.

Pero la responsabilidad del Estado no termina allí.

También corresponde preguntarnos si las leyes actuales ofrecen una respuesta suficientemente efectiva frente a la receptación, la reincidencia y la comercialización organizada de bienes provenientes del delito. Si el marco vigente resulta insuficiente, esa discusión corresponde también al Congreso de la República.

El Congreso debería evaluar técnicamente si las penas, agravantes y demás consecuencias jurídicas previstas actualmente son adecuadas para quienes participan de manera reiterada u organizada en estos mercados.

La respuesta penal debe ser proporcional al delito, pero también suficientemente efectiva para que delinquir no resulte una actividad de bajo riesgo y alta rentabilidad.

No se trata simplemente de aumentar penas por aumentar penas. Se trata de construir una cadena en la que cada institución cumpla su función: la Policía interviene; el Ministerio Público investiga y acusa; el Poder Judicial resuelve con celeridad y aplica las penas que correspondan cuando se acredita responsabilidad; y el Congreso establece un marco legal adecuado para que todo ese esfuerzo tenga consecuencias reales.

Porque mientras el mensaje sea que hoy se incauta la mercadería y mañana todo vuelve a funcionar, el Estado seguirá perdiendo la batalla.

El delito necesita saber que existen consecuencias.

Menos operativos aislados y más Estado permanente

No considero necesario crear una nueva institución. Tenemos suficientes entidades.

Lo que necesitamos es que trabajen conjuntamente y de manera permanente.

Para las zonas identificadas reiteradamente como puntos críticos deberían existir mecanismos permanentes de coordinación entre:

Policía Nacional + Ministerio Público + SUNAT + municipalidades.

Cada intervención debería tener seguimiento. No debería terminar cuando se retira la mercadería.

Debería existir trazabilidad sobre los establecimientos intervenidos, reincidencia, responsables investigados, proveedores identificados, investigaciones iniciadas, sanciones administrativas, procesos judiciales, bienes recuperados y cadenas de comercialización desarticuladas.

Esa coordinación debe continuar posteriormente en el sistema de justicia, con investigaciones que lleguen a una conclusión y, cuando exista responsabilidad acreditada, con decisiones judiciales oportunas y sanciones efectivas. Asimismo, corresponde al Congreso evaluar si el marco penal vigente es suficiente o requiere ser fortalecido.

El Estado debería ser capaz de responder públicamente una pregunta muy sencilla:

¿Qué cambió al día siguiente del operativo?

Si la respuesta es “nada”, debemos reconocer que la estrategia necesita cambiar.

Empecemos por aquello que sí podemos combatir

La criminalidad que enfrenta hoy el Perú es compleja. Tenemos extorsión, sicariato, crimen organizado, narcotráfico, minería ilegal, lavado de activos y otras formas de delincuencia que requieren inteligencia, investigación especializada y una capacidad del Estado mucho mayor.

Pero precisamente por eso deberíamos comenzar por aquello que está a la vista.

No tenemos que descubrir la pólvora. Sabemos dónde están muchos de estos mercados. Sabemos qué se vende. Sabemos que han sido intervenidos.

Entonces comencemos por ahí. Hagámoslo bien. Derrotemos primero aquello que sabemos dónde está y cómo funciona.

Porque si el Estado no es capaz de solucionar un problema visible, localizado y conocido desde hace años, ¿cómo pretendemos que derrote redes mucho más complejas de extorsión, sicariato y crimen organizado?

Ese es el punto central.

Hay que empezar por lo posible. Resolverlo. Demostrar que el Estado puede obtener resultados. Y después avanzar hacia lo más difícil.

No es un problema exclusivo de Lima

Hasta aquí he mencionado principalmente casos de Lima porque es la capital y porque sus problemas reciben mayor cobertura mediática.

Pero sería un error pensar que este fenómeno termina en Las Malvinas, San Jacinto, La 50 o determinadas zonas del Cercado de Lima.

La lógica se replica en distintas ciudades del país. Cambian los nombres de las calles, mercados o galerías, pero la cadena puede ser prácticamente la misma:

robo → intermediario → almacenamiento → comercialización → dinero.

Por eso la respuesta no debería estar concentrada únicamente en Lima.

Necesitamos una respuesta nacional contra los mercados que hacen rentable el delito, adaptada a la realidad de cada ciudad y región.

La Policía Nacional, el Ministerio Público, la SUNAT y los gobiernos locales deberían identificar los puntos críticos de cada jurisdicción, compartir información y mantener seguimiento permanente.

Lima debería demostrar que es posible

Existe, además, una responsabilidad especial en la capital.

Estamos hablando de Lima, donde se concentran ministerios, autoridades nacionales, unidades especializadas de la Policía, fiscalías y gran parte de la estructura central del Estado.

Si ni siquiera en la capital somos capaces de intervenir de manera sostenida lugares que las propias autoridades conocen desde hace años, el problema resulta todavía más preocupante.

Lima podría convertirse en el punto de partida: identificar estos mercados, intervenirlos conjuntamente, mantener la fiscalización, seguir las investigaciones hasta sus consecuencias y demostrar resultados concretos.

Si el modelo funciona, puede replicarse posteriormente en otras ciudades del país. No mediante operativos ocasionales, sino mediante equipos locales permanentes bajo una estrategia nacional.

No se trata de perseguir al comerciante formal

También hay que decirlo con claridad.

No todos los comerciantes de Las Malvinas, San Jacinto, La 50 u otras zonas venden productos robados. Hay comerciantes formales que trabajan legalmente y que también son perjudicados por el mercado ilícito.

Precisamente por eso una fiscalización seria los beneficiaría.

El comerciante formal no debería competir con quien puede vender más barato porque obtiene mercadería de procedencia ilegal.

La formalidad debe ser una ventaja. No una desventaja.

Volvamos a la pregunta inicial

Mi amigo español no hizo una reflexión jurídica ni una teoría sobre seguridad ciudadana. Solo vio una situación y preguntó:

“¿Cómo permiten esto?”

A veces una pregunta sencilla puede desnudar un problema enorme.

Nos hemos acostumbrado demasiado a convivir con situaciones que no deberíamos considerar normales.

No necesitamos más discursos. No necesitamos más operativos aislados. Necesitamos continuidad, coordinación, seguimiento y consecuencias.

Que la Policía intervenga. Que el Ministerio Público investigue y acuse cuando corresponda. Que SUNAT y las municipalidades fiscalicen. Que los procesos lleguen al Poder Judicial y se resuelvan con celeridad, respetando el debido proceso y aplicando las penas que correspondan a quienes sean encontrados responsables. Y que el Congreso revise y fortalezca la legislación cuando esta no ofrezca herramientas suficientes para enfrentar un problema que persiste desde hace años.

Que el operativo no termine cuando se retira la mercadería. Que se investigue quién abastece. Que se siga el dinero. Que se clausure cuando corresponda. Que se sancione cuando corresponda. Y que el ciudadano pueda comprobar que, al día siguiente, algo realmente cambió.

Porque combatir la criminalidad no significa solamente detener al que roba. Significa también eliminar el mercado que convierte ese robo en un negocio rentable.

Durante años hemos permitido que estos mercados sobrevivan e incluso se extiendan. El objetivo ahora debería ser exactamente el contrario: reducirlos progresivamente hasta llevarlos a su mínima expresión.

Y si sabemos dónde comenzar, quizá ya no corresponda seguir preguntándonos qué hacer.

Corresponde hacerlo.

Miguel Angel Espinoza Torres