El Perú necesita mayores recursos para financiar seguridad, salud, educación, infraestructura y mejores servicios públicos. Sin embargo, mientras se discute cómo recaudar más, recientemente se ha establecido un tratamiento preferencial en el Impuesto a la Renta para las empresas comprendidas en el régimen agrario.

La Ley Nº 32434 estableció una tasa de 15% sobre la renta neta entre 2026 y 2035, frente al 29,5% que corresponde al Régimen General. Se trata, por tanto, de un beneficio reciente.

Y precisamente por ser una decisión reciente, considero que merece ser debatida.

La pregunta es sencilla:

¿por qué una empresa que obtiene renta mediante una actividad agraria debería pagar una tasa menor que otra empresa que obtiene una renta semejante mediante una actividad industrial, comercial o de servicios?

La igualdad debería ser la regla

El sector agrario peruano ha alcanzado un importante desarrollo y, dentro de él, existen empresas agroexportadoras que actualmente compiten en mercados internacionales. El Estado puede y debe continuar promoviendo el agro, pero eso no significa necesariamente establecer una tasa reducida del Impuesto a la Renta para todo un sector.

El principio debería ser más sencillo:

quien genera renta debe contribuir de acuerdo con ella, independientemente de la actividad económica que desarrolla.

Una empresa que obtiene una menor renta neta imponible tendrá una menor base sobre la cual determinar su impuesto; una que obtiene una renta mayor contribuirá en función de esa mayor capacidad contributiva. Y si no existe renta neta imponible, no habrá impuesto que determinar sobre una renta inexistente.

Por eso, el tamaño de la empresa tampoco debería ser la razón principal para apartarla de la regla general.

Grandes y pequeños deberían estar sometidos al mismo principio: si existe renta y capacidad contributiva, corresponde contribuir.

¿Por qué 15% para unos y 29,5% para otros?

Supongamos que dos empresas obtienen S/ 1 millón de renta neta imponible.

Con una tasa de 29,5%, una pagaría S/ 295 mil.

Con una tasa de 15%, la otra pagaría S/ 150 mil.

La diferencia es S/ 145 mil por el mismo millón de soles de renta neta.

Entonces debemos preguntarnos:

¿existe una razón suficiente para que dos contribuyentes con similar capacidad contributiva soporten cargas tributarias tan diferentes únicamente porque pertenecen a sectores económicos distintos?

Desde el principio de igualdad tributaria, considero que esta diferencia merece ser revisada.

El agro puede ser apoyado sin reducir el Impuesto a la Renta

Eliminar un tratamiento preferencial no significa abandonar al sector agrario.

El Estado dispone de mecanismos más directos para ayudar a que las empresas y productores crezcan. Puede facilitar créditos y financiamiento, especialmente para quienes necesitan capital para invertir, modernizarse o ampliar su producción.

A través del MIDAGRI, puede fortalecer la asistencia técnica, capacitación, tecnología y acompañamiento para elevar la productividad y mejorar la calidad de los productos. También puede impulsar infraestructura de riego, innovación y mejores procesos productivos.

Asimismo, el apoyo debe continuar en la etapa comercial. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de las entidades correspondientes, el Estado puede colaborar en la identificación de nuevos mercados internacionales, promoción comercial y búsqueda de oportunidades para los productos peruanos en el exterior.

Ese tipo de apoyo genera capacidades reales:

financiamiento + asistencia técnica + productividad + calidad + acceso a mercados.

Eso es promover el agro.

Cobrar menos Impuesto a la Renta después de que la empresa ya generó una renta es una cuestión diferente.

Promover para generar renta y luego contribuir

El Estado puede ayudar a una pequeña empresa a obtener financiamiento, brindarle asistencia técnica para mejorar la calidad de sus productos y apoyarla para ingresar a nuevos mercados.

La finalidad de ese apoyo debe ser que la empresa produzca más, sea más competitiva, crezca y genere renta. Y cuando esa renta se genere, debe contribuir al Estado de acuerdo con las reglas generales del Impuesto a la Renta.

Lo mismo debería ocurrir con una gran agroexportadora. La diferencia estará en la cantidad de renta que cada una obtenga y, por tanto, en el monto del impuesto que corresponda pagar, no en una tasa privilegiada por pertenecer a determinado sector económico.

No existe contradicción entre apoyar al agro y exigir que contribuya.

Todo lo contrario: una buena política de promoción debería conseguir que cada vez más empresas produzcan mejor, crezcan, generen renta y, como consecuencia, también aporten mayores recursos al país.

El Estado debe cambiar de enfoque

El Perú necesita cambiar la manera en que entiende los incentivos económicos.

Con demasiada frecuencia se asocia “promover” una actividad con otorgarle una exoneración, una inafectación o una tasa menor de impuestos.

Pero incentivar no debería significar simplemente pagar menos impuestos o no pagarlos.

El verdadero apoyo del Estado debería orientarse a crear condiciones para que las empresas puedan crecer por sus propios medios: acceso a financiamiento y créditos, asistencia técnica, capacitación, innovación, tecnología, infraestructura, mejora de la productividad, estándares de calidad y apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales.

Ese tipo de apoyo permite que una empresa se vuelva más competitiva, produzca mejor, venda más, genere empleo y pueda sostenerse en el tiempo. Además, puede dirigirse con mayor precisión hacia quienes realmente necesitan ayuda, en lugar de otorgar un beneficio tributario general a todo un sector.

Una pequeña empresa puede necesitar financiamiento para crecer. Un productor puede requerir asistencia técnica para mejorar la calidad de su producción. Una empresa que busca exportar puede necesitar apoyo para encontrar compradores y acceder a nuevos mercados.

Ahí es donde debería estar el Estado.

Pero una vez que la actividad genera renta, debe entrar en juego el principio de igualdad tributaria.

Grande o pequeño, quien genera renta y manifiesta capacidad contributiva debe contribuir de acuerdo con las reglas generales.

El Estado debe dejar atrás el facilismo de pensar que todo incentivo económico tiene que traducirse en pagar menos impuestos. Una política de desarrollo exige algo más difícil, pero también más útil: ayudar a las empresas a ser productivas y competitivas, no acostumbrarlas a depender de beneficios tributarios.

Un círculo más razonable

El Estado debe ayudar a las empresas a generar renta, no evitar que tributen cuando finalmente la generan.

Ese debería ser el verdadero sentido de una política de promoción: financiar, capacitar, brindar asistencia técnica, mejorar la productividad y abrir mercados para que las empresas crezcan y produzcan más. Y precisamente cuando ese esfuerzo da resultados y se genera renta, corresponde contribuir.

La lógica debería ser:

apoyo del Estado → mayor productividad → crecimiento → generación de renta → mayor recaudación → mayores recursos para seguir promoviendo el desarrollo.

Ese círculo resulta más razonable que reducir la carga tributaria de manera general.

No se trata de estar en contra de la agricultura ni de la agroexportación. Todo lo contrario. El Perú necesita un sector agrario fuerte, moderno y competitivo.

Pero promover una actividad económica no debería significar necesariamente otorgarle una tasa reducida del Impuesto a la Renta.

Si queremos aumentar los ingresos públicos sin crear nuevos impuestos, debemos procurar que quienes generan renta contribuyan bajo reglas más iguales.

Promover no es cobrar menos impuestos. Promover es ayudar a generar más renta para que las empresas crezcan y, al crecer, también contribuyan más al país.

Miguel Angel Espinoza Torres