Lima tiene ministerios y oficinas del Poder Ejecutivo dispersos por toda la ciudad. Algunas entidades funcionan en inmuebles propios, otras pagan alquileres y muchas mantienen varias sedes administrativas separadas entre sí. Cada local exige seguridad, limpieza, mantenimiento, servicios, infraestructura tecnológica y desplazamientos entre instituciones. Nos hemos acostumbrado a este modelo como si fuera inevitable, pero mantenerlo durante décadas también tiene un costo enorme.

Brasil ofrece un antecedente importante. Al planificar Brasilia como su nueva capital, concentró en un mismo espacio urbano la Presidencia y las principales sedes administrativas del Gobierno Federal. El Perú no necesita trasladar su capital, pero sí puede recoger ese principio de planificación: reunir al Poder Ejecutivo en un solo lugar diseñado expresamente para gobernar y administrar el Estado.

Mi propuesta es construir una Ciudad Administrativa del Estado, integrada por edificios inteligentes, modernos y digitalmente interconectados, que concentre en un solo lugar al Presidente de la República, un nuevo Palacio de Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros, todos los ministerios y sus principales dependencias administrativas.

La regla debe ser clara desde el comienzo: una vez concluido el proyecto, las sedes principales del Poder Ejecutivo deben funcionar en un solo espacio. No tendría sentido construir una nueva Ciudad Administrativa para luego permitir que algunos ministerios continúen dispersos por Lima. El objetivo no es simplemente levantar edificios públicos, sino integrar físicamente al Poder Ejecutivo, reducir costos, compartir servicios y aprovechar mejor el patrimonio inmobiliario del Estado.

Una Ciudad Administrativa moderna, inteligente y eficiente

La nueva Ciudad Administrativa debe ser concebida desde cero con criterios del siglo XXI. Sus edificios deberían incorporar iluminación inteligente con sensores de presencia, aprovechamiento de luz natural, sistemas de climatización de bajo consumo, paneles solares cuando sean técnicamente convenientes, equipos eléctricos de alta eficiencia y sistemas automatizados para controlar permanentemente el consumo de energía.

Todos los ministerios deberían estar conectados mediante una infraestructura digital común, moderna y segura, con sistemas de comunicaciones, centros de datos, videoconferencias, archivos digitales y determinados servicios tecnológicos compartidos. Esto facilitaría la coordinación entre entidades, permitiría reducir duplicidades y contribuiría a una gestión pública más integrada.

El complejo debería contar además con auditorios, salas de reuniones, centros de atención al ciudadano, áreas verdes, restaurantes y otros servicios comunes, así como con estacionamientos de gran capacidad, preferentemente subterráneos o en estructuras de varios niveles, complementados con transporte público masivo y accesos viales adecuados.

De esta manera, el ahorro no provendría únicamente de dejar de pagar alquileres. También podría generarse mediante menor consumo de energía, mantenimiento centralizado, servicios compartidos, infraestructura tecnológica común y una administración más eficiente de los edificios.

Seguridad integrada a cargo del Estado

La concentración de la Presidencia, la PCM y todos los ministerios en un mismo espacio exige también un sistema especial de protección. La Ciudad Administrativa debería contar con seguridad permanente a cargo del propio Estado, con participación directa del Ejército del Perú y coordinación con la Policía Nacional en las funciones que correspondan.

El Ejército ya cumple actualmente funciones vinculadas a la protección y escolta presidencial. La propuesta sería ampliar ese concepto hacia una infraestructura administrativa que concentraría instalaciones estratégicas del Poder Ejecutivo, adecuando para ello el marco legal y operativo que resulte necesario.

No tendría sentido que cada ministerio continúe contratando separadamente servicios privados de vigilancia una vez que todos funcionen dentro de un mismo complejo. La Ciudad Administrativa podría disponer de un único sistema de seguridad integral, con perímetro protegido, puestos de control, videovigilancia inteligente, sistemas biométricos y un centro común de comando y monitoreo.

Esto permitiría aprovechar mejor el personal y las capacidades del propio Estado y reducir considerablemente la contratación dispersa de servicios privados de vigilancia. Por tanto, la seguridad también formaría parte de la lógica de ahorro del proyecto.

El Rímac como primera opción

Mi primera opción es el Rímac, por su cercanía con el centro histórico y político de Lima y porque permitiría utilizar el proyecto para recuperar urbanísticamente una zona deteriorada.

Debería estudiarse especialmente el sector comprendido aproximadamente desde la parte posterior de la Municipalidad del Rímac hacia la avenida Prolongación Tacna y las áreas adicionales que los estudios técnicos determinen. El patrimonio histórico debe preservarse. Los inmuebles monumentales se restauran; las zonas susceptibles de renovación se transforman; y los predios privados indispensables tendrían que adquirirse y, cuando legalmente corresponda, expropiarse con la compensación respectiva.

Si los estudios demostraran que el Rímac no permite albergar todo el complejo por razones de espacio, patrimonio, costos o condiciones urbanas, debería evaluarse Lurín u otra zona con suficiente extensión y adecuada conexión mediante transporte público masivo.

La ubicación puede discutirse. La concentración no.

Un plazo máximo aproximado de diez años

Un proyecto de esta magnitud no puede depender de un solo periodo presidencial, pero tampoco debe convertirse en una obra interminable. La meta debería ser concreta: construir y poner en funcionamiento la Ciudad Administrativa en un plazo máximo aproximado de diez años.

Eso exige un Plan Maestro, una ejecución por etapas y varios componentes desarrollándose simultáneamente. Durante los primeros años deberían resolverse la ubicación, la adquisición y saneamiento de terrenos, el diseño urbano, la infraestructura vial y las primeras obras. Posteriormente podrían construirse en paralelo el nuevo Palacio de Gobierno y varios edificios ministeriales.

El objetivo debe ser que, antes de cumplirse los diez años, la Presidencia, la PCM y todos los ministerios tengan sus sedes principales instaladas en la Ciudad Administrativa.

El proyecto tiene fuentes de financiamiento

La primera pregunta frente a una obra de esta dimensión será inevitable: ¿de dónde saldrá el dinero?

El proyecto cuenta con dos fuentes económicas importantes: la venta de inmuebles estatales que queden liberados y el ahorro de alquileres que dejarán de pagarse conforme las entidades se trasladen.

Naturalmente, esos recursos no estarán disponibles íntegramente desde el primer día. Por ello, para iniciar la construcción sería necesario estructurar una operación de financiamiento de largo plazo. Ese préstamo permitiría adelantar la inversión y ejecutar el proyecto sin esperar muchos años para acumular recursos.

Pero el financiamiento inicial no sería la fuente definitiva. Conforme los ministerios se trasladen, algunos inmuebles estatales podrán venderse y determinados alquileres desaparecerán. Esos recursos contribuirían a amortizar progresivamente la deuda.

La lógica es sencilla:

financiamiento inicial → construcción → traslado de entidades → venta de inmuebles liberados + ahorro de alquileres → amortización del financiamiento.

En otras palabras, se construye primero y luego el propio patrimonio liberado y el gasto que deja de realizarse ayudan a pagar la inversión.

Diez años de alquileres representan miles de millones

Existe un antecedente que permite dimensionar el problema. En 2018, la Contraloría General de la República informó que las entidades públicas destinaban más de S/ 500 millones anuales al alquiler de oficinas e inmuebles.

Esa cifra corresponde a 2018 y no debe utilizarse como si fuera el gasto actual ni como si correspondiera exclusivamente al Poder Ejecutivo. Antes de desarrollar el proyecto tendría que actualizarse y determinarse cuánto de ese gasto corresponde realmente a las entidades que serían trasladadas.

Pero como referencia de magnitud, el cálculo es revelador:

S/ 500 millones × 10 años = S/ 5 000 millones.

Es decir, tomando únicamente esa referencia histórica, estamos hablando de cinco mil millones de soles en diez años.

Y eso considera solo alquileres. No incluye otros gastos asociados a mantener múltiples sedes, como vigilancia, seguridad, limpieza, mantenimiento, acondicionamiento, servicios generales e infraestructura tecnológica independiente.

La comparación correcta, por tanto, no es únicamente cuánto cuesta construir la Ciudad Administrativa. También debemos preguntar:

¿cuánto gastaremos durante esos mismos diez años si seguimos manteniendo el modelo actual?

El patrimonio inmobiliario también debe financiar el proyecto

La segunda gran fuente serían los inmuebles estatales que queden disponibles después del traslado.

Actualmente existen ministerios y entidades públicas ubicados en zonas de elevado valor comercial, como San Isidro, Miraflores y San Borja. Antes de iniciar cualquier venta, el Estado debería elaborar un Inventario Inmobiliario del Poder Ejecutivo en Lima que permita conocer cuáles inmuebles son realmente de su propiedad, cuáles son alquilados, cuánto valen, qué restricciones tienen y cuáles pueden quedar disponibles.

La regla debería ser razonable. Los inmuebles históricos se conservan. Los activos estratégicos que sigan siendo necesarios se mantienen. Pero los terrenos y edificios administrativos que queden innecesarios y puedan legalmente venderse deberían valorizarse y enajenarse mediante procedimientos transparentes y competitivos.

Los recursos obtenidos deberían destinarse directamente a amortizar el financiamiento de la Ciudad Administrativa.

No se estaría vendiendo patrimonio para financiar gasto corriente. Se estaría haciendo algo muy distinto: transformar patrimonio inmobiliario disperso en un nuevo patrimonio público integrado, moderno y diseñado para servir al Estado durante décadas.

Después de la inversión comienza el verdadero ahorro

Durante los primeros años, la venta de inmuebles y el ahorro de alquileres ayudarían a pagar el financiamiento utilizado para construir la Ciudad Administrativa. Pero cuando esa inversión haya sido amortizada, el beneficio no termina.

El Estado continuará utilizando edificios propios y habrá eliminado una parte importante de los alquileres que antes debía pagar cada año. A ello se sumarían los ahorros derivados de menor consumo de energía, mantenimiento centralizado, servicios compartidos, infraestructura tecnológica común y un sistema integrado de seguridad que reduzca la contratación dispersa de vigilancia privada.

La diferencia entre ambos modelos es fundamental. Si seguimos alquilando, el gasto continúa indefinidamente. Si construimos, existe un periodo de inversión y amortización, pero después el Estado conserva el activo y reduce de manera permanente determinados gastos recurrentes.

Por eso, la Ciudad Administrativa se construye una vez, pero el ahorro puede continuar durante décadas.

Palacio de Gobierno y Torre Tagle deben convertirse en museos

La concentración debe ser integral. Si se construye un nuevo Palacio de Gobierno dentro de la Ciudad Administrativa, el actual Palacio ubicado en la Plaza Mayor debería dejar de funcionar como sede cotidiana de la Presidencia y convertirse en un Museo de la Historia Política y Republicana del Perú.

Sus salones, obras de arte, mobiliario y espacios históricos podrían abrirse con mayor amplitud a la ciudadanía. Incluso podría establecerse una entrada razonable para determinados visitantes, con las gratuidades correspondientes, destinando esos recursos a su conservación.

Lo mismo debería ocurrir con el Palacio de Torre Tagle. La Cancillería se trasladaría a la Ciudad Administrativa y Torre Tagle podría convertirse en un Museo de la Diplomacia Peruana y de las Relaciones Internacionales, manteniendo únicamente aquellos usos protocolares compatibles con su valor patrimonial.

Los edificios históricos deben conservar nuestra memoria; las nuevas edificaciones deben administrar nuestro futuro.

Diez años para ordenar el Estado y décadas para ahorrar

El Perú necesita aprender a pensar proyectos que trasciendan un periodo presidencial. Una Ciudad Administrativa podría ejecutarse en aproximadamente diez años mediante planificación nacional, financiamiento de largo plazo y obras simultáneas por etapas.

Al finalizar el proceso, el país tendría un nuevo Palacio de Gobierno, la PCM y todos los ministerios concentrados en un solo lugar; infraestructura propia; edificios inteligentes e interconectados; menor necesidad de alquileres; servicios compartidos; menor consumo de energía; seguridad centralizada; patrimonio inmobiliario mejor utilizado; amplios estacionamientos; y edificios históricos destinados a funciones culturales.

Mi primera opción sigue siendo el Rímac, porque permitiría combinar la reorganización del Estado con la recuperación urbana de una parte importante de Lima. Si los estudios demuestran que no resulta viable, deberá evaluarse Lurín u otra ubicación adecuada.

Pero el objetivo debe mantenerse intacto: una sola Ciudad Administrativa para todo el Poder Ejecutivo.

La pregunta no es solamente cuánto cuesta construirla. También debemos calcular cuánto patrimonio puede liberar el Estado, cuánto dejará de pagar en alquileres, cuánto podrá reducir en vigilancia, energía, mantenimiento y otros servicios, y cuánto ahorrará durante las décadas posteriores.

La inversión se realizaría durante aproximadamente diez años, pero sus beneficios podrían mantenerse durante generaciones. Una vez amortizado el financiamiento, el Estado tendría infraestructura propia, moderna, inteligente, segura y eficiente, y podría destinar a otras necesidades públicas una parte importante de los recursos que antes se consumían en alquileres y sedes dispersas.

Una sola Ciudad Administrativa. Diez años para construirla. Décadas para ahorrar y beneficiarnos de ella.

Miguel Angel Espinoza Torres