Cuando se habla de mejorar la recaudación, reducir el déficit fiscal o conseguir más recursos para financiar los servicios que necesita la población, casi siempre la discusión empieza por cómo recaudar más. Se habla de combatir la evasión, ampliar la base tributaria, eliminar beneficios tributarios o crear nuevas obligaciones. Todo eso es necesario discutirlo, pero al mismo tiempo el Estado debe revisar cómo está gastando los recursos que ya recauda y eliminar aquellos gastos que no resultan indispensables.

Dentro de esa lógica, considero que ha llegado el momento de poner fin al financiamiento público directo de los partidos políticos.

Este mecanismo fue incorporado en la legislación peruana en 2003 y comenzó a aplicarse efectivamente en 2017. Para el periodo correspondiente al Congreso elegido en 2021, la ONPE estableció aproximadamente S/ 77.98 millones para el periodo 2021-2026, lo que equivale a alrededor de S/ 15.6 millones por año.

Además, este financiamiento no se entrega a todos los partidos políticos inscritos, sino únicamente a las organizaciones que obtienen representación en el Congreso. En el periodo 2021-2026 fueron diez partidos los beneficiarios y, para el nuevo periodo 2026-2031, la representación parlamentaria se concentra en seis organizaciones políticas.

Es decir, recursos provenientes de todos los contribuyentes terminan financiando directamente a un grupo reducido de partidos políticos. Una persona puede no haber votado por ninguna de esas organizaciones y, sin embargo, parte de los impuestos que paga termina contribuyendo a su financiamiento.

Por eso considero legítimo preguntarnos: ¿por qué todos los contribuyentes deben financiar los gastos de funcionamiento de unas pocas organizaciones políticas?

Uno de los aspectos que más merece revisión es precisamente el destino de estos recursos. El financiamiento público directo no se utiliza exclusivamente para capacitación, investigación o formación política. Parte de estos fondos puede destinarse también a gastos ordinarios de funcionamiento, incluyendo contratación de personal y servicios.

Esto significa que recursos provenientes de los impuestos pueden contribuir al sostenimiento cotidiano de los partidos: remuneraciones, personal administrativo, asesores, comunicaciones, servicios y otros gastos vinculados a su funcionamiento.

Si una organización política decide contratar trabajadores, asesores o dirigentes remunerados, puede hacerlo dentro del marco legal. Pero considero que esos gastos deberían ser asumidos principalmente por la propia organización y por quienes voluntariamente creen en ella: sus militantes, simpatizantes y aportantes privados debidamente identificados y fiscalizados.

Los partidos políticos cumplen un papel necesario dentro de una democracia representativa. Presentan candidatos, elaboran propuestas y canalizan la participación política de los ciudadanos. Reconocer esa importancia, sin embargo, no significa aceptar que el Estado deba sostener económicamente su funcionamiento ordinario.

El Estado debe fiscalizar a los partidos, no financiarlos. Debe controlar rigurosamente el origen y destino de sus recursos, exigir transparencia, impedir el ingreso de dinero ilegal y aplicar sanciones cuando corresponda. Lo que debe terminar es la transferencia periódica de recursos públicos destinada a financiar directamente su funcionamiento.

El punto central de esta propuesta, además, va mucho más allá del financiamiento partidario. Forma parte de una idea que debería orientar una verdadera reforma del Estado: eliminar gastos innecesarios y reorientar esos recursos hacia las verdaderas prioridades de la población.

El Perú necesita más recursos para salud, educación, seguridad, infraestructura y servicios públicos. Pero mejorar esos sectores no depende únicamente de recaudar más. También depende de gastar mejor.

No se trata de ahorrar por ahorrar. Se trata de establecer prioridades.

¿Dónde genera mayor beneficio social un sol del presupuesto público: financiando los gastos ordinarios de una organización política o contribuyendo a mejorar un establecimiento de salud, equipar un colegio, fortalecer la seguridad ciudadana o ejecutar una obra que necesita la población?

Para mí, la prioridad es clara.

Tampoco debería utilizarse como argumento que alrededor de S/ 15 millones anuales representan muy poco frente al presupuesto nacional. Si cada gasto se mantiene porque individualmente representa una cantidad pequeña, nunca lograremos ordenar verdaderamente las finanzas públicas.

La reforma del Estado no consiste necesariamente en encontrar un único gasto gigantesco que podamos eliminar. Consiste también en revisar muchos gastos pequeños y medianos que, acumulados, pueden representar cantidades importantes.

El financiamiento público a los partidos puede ser uno de ellos. También deben revisarse estructuras administrativas innecesarias, duplicidades institucionales, alquileres evitables y otros gastos que no generen un beneficio suficiente para la población.

Cada sol que pueda ahorrarse sin afectar un servicio esencial debe ser reorientado hacia donde realmente se necesita.

El dinero público es limitado. Cada sol que destinamos a un gasto prescindible es un sol que no puede utilizarse al mismo tiempo en salud, educación, seguridad, infraestructura u otras necesidades urgentes.

Por eso considero que el financiamiento público directo de los partidos políticos debe terminar. Los partidos que tienen verdadero respaldo ciudadano deberían sostenerse principalmente mediante los aportes voluntarios de sus militantes, simpatizantes y adherentes, siempre bajo una fiscalización rigurosa que garantice transparencia y evite el financiamiento ilegal.

Los recursos que actualmente se destinan a este financiamiento deberían reorientarse hacia salud, educación, seguridad, infraestructura y otros servicios que benefician directamente a la población.

Esta propuesta forma parte de una idea más amplia sobre la reforma del Estado. Reformar no significa únicamente crear nuevas instituciones, aprobar nuevas normas o buscar nuevas fuentes de ingresos. También significa revisar lo que ya existe y preguntarnos si realmente debemos seguir pagándolo.

El Estado necesita recaudar más, pero también gastar mejor. Combatir la evasión, ampliar la base tributaria y mejorar la recaudación debe avanzar al mismo tiempo que la eliminación de gastos innecesarios y la reorientación de esos recursos hacia las verdaderas prioridades de la población.

Recaudar más y gastar mejor no son objetivos opuestos. El Perú necesita hacer ambas cosas al mismo tiempo.

Los partidos deben financiarse principalmente con quienes voluntariamente creen en ellos. Los impuestos de todos deben destinarse prioritariamente a las necesidades de todos.

Menos recursos en gastos prescindibles y más recursos en salud, educación, seguridad, infraestructura y servicios para la población.

Porque reformar el Estado no siempre significa gastar más.

A veces significa saber qué dejar de pagar para poder invertir donde realmente importa.

Miguel Angel Espinoza Torres